Alcaldes denuncian millonaria pérdida en ingresos municipales por exenciones del DDEC y JSF

Los alcaldes de Salinas y Guayama, Karilyn Bonilla Colón y O’brain Vázquez Molina, respectivamente, señalaron que aus municipios, y todos los de Puerto Rico, se están afectando seriamente en sus finanzas municipales por las masivas exenciones a impuestos municipales que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) concede, con la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a empresas nuevas, sin considerar a los alcaldes que están batallando ante la eliminación del Fondo de Equiparación, entre otros recortes presupuestarios.

Mediante carta al Director Ejecutivo de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, Robert Mujica, los alcaldes señalan que dicha entidad, en virtud de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico, (PROMESA, por sus siglas en inglés) tiene la misión de supervisar la reestructuración de la deuda y promover la responsabilidad fiscal en la isla.

“Desde una perspectiva de administración pública, nosotros reconocemos la complejidad de los desafíos económicos que ha enfrentado Puerto Rico, y las diversas decisiones que han impactado su salud fiscal. No obstante, existe una diferencia fundamental en la visión sobre el desarrollo futuro del país”, expuso Bonilla Colón. “Mientras algunos sectores enfatizan medidas de austeridad como vía principal para alcanzar estabilidad fiscal, consideramos que es imprescindible priorizar a nuestros municipios y adoptar estrategias que fomenten el crecimiento económico sostenible para el bienestar de Puerto Rico”.

Vázquez Molina expuso que “hemos visto además, que se han implementado medidas económicas severas, que sin lugar a dudas han tenido un impacto directo sobre los municipios. El Plan Fiscal aprobado, eliminó el Fondo de Equiparación, y con ello casi la mitad de los municipios de Puerto Rico, entiéndase los municipios considerados pequeños y medianos, están en riesgo de cerrar operaciones, recortar servicios, despedir empleados, entre otras medidas que afectarán el servicio que brindamos a las comunidades y constituyentes”.

Ambos alcaldes señalaron que con la eliminación del Fondo de Equiparación, los presupuestos municipales se limitan a considerar fondos propios, principalmente por concepto de CRIM, IVU, Patentes Municipales y arbitrios de construcciones, de todas las actividades económicas que se den dentro de nuestras jurisdicciones. “ Por tal razón, queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a los decretos contributivos que la Junta apoya junto al Gobierno Central a través del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), específicamente las exenciones que se otorgan sobre impuestos municipales”, señaló Bonilla Colón.

El alcalde de Guayama añadió que “sin bien es cierto, que es necesario incentivar a nuevas industrias y/o empresas para que inviertan en Puerto Rico, los decretos que se están otorgando limitan nuestras oportunidades de allegar fondos municipales, y los mismos son aprobados por periodos extensos de tiempo, poniendo en desventaja a los municipios. Es decir, consideramos inaceptable que el programa de incentivos se implemente a expensas de seguir comprometiendo la estabilidad fiscal de los municipios. Como todos sabemos, esta práctica ha sido, en parte, responsable del estancamiento en el desarrollo económico de Puerto Rico”.

“De igual forma, existen cientos de decretos otorgados, que representan millones de dólares que los municipios hemos dejado de recibir, y de los cuales desconocemos, si los beneficiaros están en cumplimiento con las condiciones que les fueron exigidas para su aprobación. A modo de ejemplo, destacamos la más reciente notificación que recibimos, fue el decreto otorgado un decreto a Clean Flexible Energy, que los exime en un 100% del pago de arbitrios de construcción extensivo a contratistas y subcontratistas, 100% en patentes de construcción, 100% en patentes municipales (primeros dos semestres), 60% en patentes municipales y otros impuestos municipales los años subsiguientes, y 90 % en propiedad mueble e inmueble”, detalló la alcaldesa de Salinas.

“Nosotros los alcaldes vemos que mientras ustedes como Junta nos solicitan que tenemos que ser autosuficientes en términos de ingresos, y promover el desarrollo económico de nuestros pueblos, se siguen aprobando este tipo de decretos en detrimento de los mejores intereses de los constituyentes a los cuales tenemos que servir. Entendemos que este tipo de decretos deben ser consultados y en acuerdo con los municipios, y establecerse unos parámetros más equitativos para las exenciones que se consideren otorgar sobre los impuestos municipales”, finalizó Vázquez Molina.